
(Zihuatanejo, Gro, a 29 de julio de 2025).- El colectivo Atmósfera Violeta denunció públicamente que, a dos semanas de haber interpuesto una denuncia formal por violencia digital en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, la Fiscalía del Estado no ha emitido respuesta alguna ni ha actuado para frenar la violencia que varias mujeres continúan sufriendo.
El colectivo, señaló que, desde el 14 de julio del presente año, recibieron una denuncia anónima alertando sobre casos de violencia digital, acoso y extorsión cometidos contra mujeres del municipio, mediante la difusión de imágenes íntimas a través de plataformas como Telegram, Facebook y WhatsApp, en grupos identificados como “Desmadre y Quemazón de Zihuatanejo”.
El colectivo apunta que, algunas de las imágenes fueron compartidas originalmente de forma privada con ex parejas, quienes ahora las utilizan para difamar, extorsionar y violentar, mientras que otras han sido generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial, lo que representa una nueva y alarmante forma de agresión digital.
Evidenciaron que la denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Policía Cibernética, pero decidieron no hacer pública esta información de inmediato para evitar un efecto multiplicador motivado por el morbo, que pudiera dar mayor alcance y visibilidad a los grupos agresores. Sin embargo, han pasado 15 días sin ninguna respuesta, días que se han vuelto eternos para las víctimas, cargados de miedo, vergüenza e inseguridad. El colectivo recordó que en Guerrero está vigente la Ley Olimpia que exigen sea aplicada.
Exigieron la identificación y castigo inmediato a los responsables: que se investigue a fondo a quienes encabezan esta red de violencia digital. Eliminación urgente del contenido íntimo sexual no consentido que circula en las plataformas. Protección integral a las víctimas: apoyo psicológico, jurídico y garantías de seguridad y confidencialidad.
“Exigimos justicia y acción inmediata”, se lee en el comunicado donde apuntan que las autoridades no pueden seguir actuando como cómplices por omisión ante esta nueva forma de violencia que se intensifica con las tecnologías emergentes.









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