Chilpancingo, Gro., 08 de marzo de 2026.– El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis denominado “De la violencia contra las Personas Adultas Mayores” a la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el fin de que se reconozca y defina de manera expresa la violencia ejercida contra este sector de la población, se clasifiquen sus distintas modalidades y se establezcan obligaciones claras para su prevención, atención, sanción y erradicación por parte de las autoridades estatales y municipales.
Al exponer el tema, el diputado señaló que la violencia contra las personas adultas mayores no es un asunto privado, sino una violación directa a la dignidad humana. Por ello, no se trata únicamente de reformar una ley, sino de trazar una línea ética y jurídica que impida la indiferencia, el maltrato, el abandono, el despojo y la humillación hacia quienes han contribuido al desarrollo de la sociedad.
Recordó que la violencia no sólo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en maltrato psicológico, abuso patrimonial y económico, violencia sexual, retención de documentos, despojo de pensiones y abandono; conductas que con frecuencia ocurren en el ámbito familiar o en espacios que deberían brindar protección.
Aclaró que, aunque la Ley Número 375 contiene principios relevantes, actualmente no define de forma clara la violencia contra las personas adultas mayores ni clasifica sus tipos, lo que dificulta la identificación de los casos y la actuación oportuna de las autoridades.
Por ello, la iniciativa propone incorporar una definición amplia de violencia como cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual, e incluso la muerte, tanto en el ámbito público como privado. También incluye una cláusula abierta para abarcar otras formas análogas; establece la obligación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el estado para prevenir, investigar, atender y sancionar estos actos, además de facultar a cualquier persona para presentar denuncias.
Asimismo, busca armonizar el marco jurídico estatal con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador, los Principios de las Naciones Unidas y la legislación federal en la materia, para garantizar que la vejez en Guerrero sea sinónimo de respeto, protección y dignidad, y no de miedo, abuso o silencio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a los Adultos Mayores para su trámite legislativo.
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