Zihuatanejo, Gro.,a 09 de junio de 2026.-Trabajadores que mantienen juicios laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje denunciaron presuntos actos de corrupción, retrasos injustificados y solicitudes de dádivas por parte del presidente de la dependencia, Filidolfo Herrera Ríos, situación que, aseguran, mantiene paralizados diversos expedientes desde hace meses.
Durante una manifestación de 30 minutos encabezada por el abogado litigante David Torres, representante de alrededor de 20 trabajadores, se expusieron diversos casos en los que presuntamente se han obstaculizado procedimientos laborales, afectando el acceso de los demandantes a resoluciones y beneficios derivados de sus juicios.
El litigante señaló que uno de sus representados enfrentó la negativa para obtener copias simples de su expediente durante más de una semana y media, pese a que la Ley Federal del Trabajo establece plazos de 48 horas para emitir acuerdos relacionados con este tipo de solicitudes. Según explicó, esta situación impidió promover oportunamente un amparo contra un laudo que absolvió a una empresa de manera que considera injustificada.
Asimismo, presentó el caso de una trabajadora identificada como Francisca, cuyo expediente se encuentra listo para la emisión de un laudo desde octubre pasado, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución. De acuerdo con el abogado, la afectada acudió en diversas ocasiones para solicitar información sobre su proceso, pero presuntamente fue rechazada por el titular de la junta.
Otra de las denunciantes, Ana Eliud, afirmó que el trámite para escriturar un inmueble obtenido mediante remate judicial permanece detenido desde 2025. Según su versión, el presidente de la junta habría condicionado el avance del procedimiento a la entrega de una parte del beneficio obtenido, situación que la trabajadora rechazó.
También se expuso el caso de Maricela Sánchez, beneficiaria de un juicio laboral que, según los denunciantes, no ha podido ejecutar la resolución debido a la falta de diligencias para localizar recursos económicos de las partes condenadas.
David Torres aseguró que existen expedientes que han mostrado avances, pero afirmó que esto ocurre únicamente cuando los trabajadores acceden a entregar algún tipo de gratificación económica al funcionario señalado.
Además de las acusaciones por presuntos actos de corrupción, los denunciantes señalaron que Herrera Ríos incumple frecuentemente sus horarios laborales, lo que contribuye al retraso en la atención de los asuntos.
Los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades estatales y de los órganos de control para investigar las denuncias y, en caso de acreditarse responsabilidades, separar del cargo al funcionario e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
Por su parte, Maricela Sánchez consideró que la única solución para destrabar los expedientes es la remoción inmediata del presidente de la junta.
“Los asuntos están parados por causa de él. Sin dinero no hace nada y no deja trabajar a los demás. Lo único que pedimos es que lo cambien para que los trabajadores puedan obtener justicia”, expresó.
Hasta el momento, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones formuladas por los trabajadores y su representante legal.
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