Chilpancingo, Gro., 30 de agosto de 2026.- La diputada Marisol Bazán Fernández propuso un exhorto a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres para que remitan un informe sobre el estado que guarda la nomenclatura de sus vías y espacios públicos, incluyendo el listado oficial de las denominaciones correspondientes a personas físicas o personajes públicos, mismo que fue remitido a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y dictaminación.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que su propuesta tiene como objetivo transparentar los criterios normativos y poner fin a la práctica de utilizar el espacio público para perpetuar los nombres de quienes han ocupado cargos de poder.
Y es que, refirió, la denominación del espacio urbano no es un asunto menor ni puramente administrativo, sino una decisión simbólica y política que determina qué nombres deben permanecer en la memoria colectiva de la ciudadanía.
“Cuando el nombre de una persona se incorpora a una calle, avenida o plaza pública, quiere decir que el Estado está otorgando un reconocimiento con una dimensión simbólica y una consecuencia práctica; por eso debe existir una razón pública y, sobre todo, la posibilidad de conocerla”, argumentó.
Al respecto, la diputada señaló que es necesario atender lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 98VG/2023, que plantea la necesidad de revisar los nombres de vías, escuelas y monumentos que rinden tributo a personas señaladas como presuntas perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos durante periodos de violencia política en la entidad.
Por lo anterior, Bazán Fernández solicita que las autoridades municipales entreguen, en un plazo de 30 días, un listado detallado de las vías, colonias y plazas públicas que lleven el nombre de personas físicas o personajes públicos, así como los expedientes, instrumentos legales y actas que acrediten qué autoridad y bajo qué fundamentos se otorgaron dichas denominaciones.
También pide que informen sobre el estado actual de su reglamentación en materia de nomenclatura, y precisar si consideran necesaria su expedición, actualización o armonización, con el fin de que el Poder Legislativo cuente con un diagnóstico estatal objetivo para evaluar posibles reformas al marco legal en la materia.
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