Chilpancingo, Gro., 08 de octubre de 2026.- Para fortalecer el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz presentó una iniciativa para expedir la Ley de Útiles Escolares, Calzado y Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica del Estado de Guerrero.
Al exponer su propuesta, la legisladora por el PRI detalló que con este nuevo ordenamiento se plantea abrogar la Ley Número 699 que establece el derecho al acceso de útiles escolares, zapatos y uniformes gratuitos, conservando los beneficios esenciales y fortaleciendo las disposiciones relacionadas con planeación, presupuesto, adquisición, distribución, calidad, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.
Recordó que en 2015 el Congreso del Estado expidió la vigente ley con el propósito de convertir en una obligación jurídica el acceso gratuito a estos insumos para estudiantes de educación básica pública, estableciendo padrones, reglas de entrega y adquisición, participación de los ayuntamientos y prohibiciones de uso político.
La legisladora considera, sin embargo, que es necesario fortalecer el modelo normativo para garantizar de manera efectiva este derecho; por ello plantea que los apoyos deberán entregarse preferentemente antes del inicio del ciclo escolar y, en todo caso, dentro de las primeras dos semanas, salvo causa plenamente justificada.
Asimismo, se prevén criterios de calidad, durabilidad, comodidad y seguridad para uniformes y calzado, además de mecanismos para sustituir bienes defectuosos, incorporando medidas de inclusión y no discriminación, ajustes razonables para estudiantes con discapacidad y criterios de pertinencia cultural, lingüística y regional para comunidades indígenas y afromexicanas.
De igual forma, se propone fortalecer las disposiciones de transparencia y protección de datos personales, mediante la creación de un Padrón Estatal de Beneficiarios, la publicación de información sobre adquisiciones, contratos, montos y proveedores, así como la obligación de realizar evaluaciones anuales sobre cobertura, oportunidad, calidad, entregas, quejas y ejercicio presupuestal, cuyos resultados deberán informarse al Congreso.
El nuevo ordenamiento contempla también el acceso a la ciudadanía para presentar quejas y denuncias por falta de entrega, entrega incompleta, cobro, condicionamiento, utilización política, desvío de recursos, alteración del padrón o entrega de bienes defectuosos, y se prohíbe utilizar los recursos, padrones o actos de entrega para promoción personalizada, propaganda partidista, proselitismo, beneficio de candidaturas o condicionamiento político.
“La propuesta busca reducir las barreras económicas que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar, fortalecer la permanencia educativa y garantizar que los apoyos sean reconocidos como un derecho y no como una prestación sujeta a decisiones administrativas”, concluyó.
Las diputadas Leticia Mosso Hernández (PT), Rebeca Núñez Martín del Campo (PRD), María Irene Montiel Servín (PAN) y el resto de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI se adhirieron a la iniciativa, tras lo cual fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su análisis y dictaminación.
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