Chilpancingo, Gro., 02 de octubre de 2026.- A fin de garantizar el derecho de las juventudes a desenvolverse en entornos seguros y libres de violencia física, psicológica, de género, digital y simbólica, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adiciones a la Ley 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, que obliga a las autoridades estatales y municipales a implementar programas de educación para la paz, espacios seguros de participación y políticas públicas integrales.
La diputada por el Partido del Trabajo argumentó que las y los jóvenes constituyen un sector estratégico para el desarrollo social y democrático de la entidad; sin embargo, continúan expuestos a situaciones de vulnerabilidad y conductas violentas en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y digital, que impactan negativamente en su integridad, oportunidades y proyecto de vida.
Mosso Hernández advirtió sobre la urgencia de atender las agresiones que sufren principalmente las jóvenes, recordando que, conforme a datos del INEGI, en Guerrero el 68.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida.
En este punto, indicó que aun cuando los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan avances en la entidad frente a delitos de alto impacto, resulta imperativo fortalecer el marco legal con un enfoque integral y preventivo.
La diputada propone adicionar disposiciones a los artículos 69 y 70 e incorporar los artículos 70 Bis y 70 Ter a la Ley Número 688, con el fin de facultar y obligar a las autoridades del Estado y de los municipios a diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención basados en educación para la paz, fortalecimiento del tejido social, habilidades socioemocionales y resolución pacífica de conflictos.
Remarcó que esta propuesta responde también a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en el fortalecimiento de la igualdad de género y la reducción integral de la violencia, promoviendo a las personas jóvenes no sólo como receptoras de políticas públicas, sino como agentes clave en la reconstrucción del tejido comunitario y la pacificación del estado.
El documento fue turnado a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su correspondiente análisis y dictaminación.
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