Chilpancingo, Gro., 22 de junio de 2026.- El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para fortalecer los derechos y la participación de las víctimas en los procedimientos de queja, así como ampliar los criterios de atención prioritaria de este organismo para incluir expresamente a las personas con discapacidad.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares fundamentó ambos dictámenes a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. Respecto al primero, derivado de una iniciativa presentada por la propia legisladora, destacó que las reformas tienen como propósito armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Explicó que las modificaciones garantizan a las víctimas el acceso a información sobre el desarrollo y resultado de las investigaciones, su participación en los procedimientos de queja cuando estén involucrados sus intereses y el derecho a ser consideradas en los procesos de reparación integral del daño.
Asimismo, se incorporan disposiciones para fortalecer la actuación de la Comisión en casos de desaparición forzada, estableciendo acciones inmediatas y sin dilación para la atención de denuncias, además de mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se trate de autoridades federales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.
*ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*
En un segundo dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la diputada Gladys Cortés Genchi, el Pleno aprobó reformar la fracción II del artículo 16 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para incorporar expresamente a las personas con discapacidad dentro de los grupos que deberán recibir atención prioritaria por parte de dicho organismo.
Al respecto, se destacó que la reforma fortalece los principios de igualdad y no discriminación, al reconocer a las personas con discapacidad como un sector que históricamente ha enfrentado barreras para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso efectivo a mecanismos de protección.
Además, se amplían los criterios de atención preferente para incluir a cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad o víctima de violencia, con el propósito de garantizar una actuación más incluyente, accesible y acorde con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión dictaminadora está integrada por las diputadas Araceli Ocampo Manzanares, presidenta; Erika Isabel Guillén Román, secretaria; Beatriz Vélez Núñez, Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista y Gladys Cortés Genchi, vocales.
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