Chilpancingo, Gro., 20 de febrero de 2026.– La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal a establecer una tarifa eléctrica especial y de alto subsidio en favor de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país, con el propósito de fortalecer su capacidad financiera y garantizar la continuidad del servicio, en cumplimiento del derecho humano al agua.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Alejandro Carabias Icaza, quien destacó en tribuna que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución local. Recordó que los municipios son responsables de garantizar la prestación de estos servicios públicos, conforme al artículo 115 constitucional.
Expuso que, pese a la relevancia de este derecho, millones de viviendas en el país carecen de acceso diario al agua potable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, 33.5 por ciento de las viviendas con suministro entubado no reciben agua todos los días, siendo Guerrero una de las entidades más afectadas.
Agregó que los organismos operadores enfrentan graves dificultades técnicas y financieras, ya que una parte significativa de sus gastos operativos corresponde al pago de energía eléctrica, indispensable para el bombeo, distribución y tratamiento del agua. Precisó que, según datos del INEGI, en 2018 estos organismos destinaron 44.4 por ciento de su gasto en bienes y servicios al pago de electricidad, situación que se agravó al ser clasificados bajo una tarifa industrial tras la reforma energética.
El diputado Carabias recordó que la reciente Ley General de Aguas establece la obligación de garantizar al menos el suministro mínimo para consumo humano básico, aun en casos de falta de pago, lo que incrementa la presión financiera sobre estos entes públicos. Por ello, consideró necesario adoptar medidas estructurales que frenen el crecimiento de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad y permitan a los organismos operadores destinar mayores recursos a la rehabilitación de infraestructura, el mantenimiento de redes hidráulicas y la mejora de los sistemas de saneamiento, en beneficio directo de la población. En ese sentido, el exhorto plantea que, con fundamento en el artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, se valore la creación de una categoría tarifaria específica —distinta a la industrial— con un alto subsidio para estos entes públicos, reconociendo su naturaleza no lucrativa y la función social que desempeñan. Ello permitiría evitar el crecimiento de adeudos, fortalecer la inversión en infraestructura y garantizar un servicio continuo, eficiente y accesible para la población.
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