Chilpancingo, Gro., 29 de septiembre de 2026.- En busca de recuperar espacios públicos y garantizar el desplazamiento seguro de las personas, el Congreso del Estado exhortó al Ayuntamiento de Acapulco a realizar una campaña de retiro de autos abandonados, principalmente en las Colonias Llano Largo, Progreso, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Jardín Mangos y Pie de la Cuesta.
Lo anterior a propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), bajo el argumento de que las calles y banquetas constituyen infraestructura pública indispensable para acceder a viviendas, centros de trabajo, escuelas, comercios, servicios de salud y transporte, cuya ocupación prolongada por vehículos deteriorados y fuera de uso puede estrechar el arroyo vehicular, reducir la visibilidad en esquinas e impedir maniobras de servicios de emergencia.
Abundó que esto afecta de manera directa a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y a quienes por cualquier circunstancia se desplazan con carriolas, andaderas y otros aparatos funcionales.
Refirió el legislador que el 12 de agosto de 2025 la Dirección de Vía Pública informó que había contabilizado aproximadamente 800 vehículos en estado de abandono en distintos puntos de la ciudad, tras lo cual se hicieron retiros y remociones voluntarias, lo que demuestra que la acción municipal y la voluntad ciudadana son viables. Sin embargo, añadió, estas jornadas exigen continuidad, ya que aún hay muchas calles afectadas.
Sánchez Alarcón destacó que la prevención sanitaria aporta un motivo adicional para actuar, ya que en determinadas condiciones una carrocería abierta, llantas y piezas expuestas pueden acumular agua, basura y maleza, dificultando la limpieza del entorno y generando condiciones propicias para fauna nociva.
Por todo lo anterior, el Poder Legislativo exhortó al municipio de Acapulco a que, por conducto de la Dirección de Vía Pública y en coordinación con las instancias competentes, implemente o refuerce una campaña de detección, notificación y retiro de vehículos abandonados en las vías bajo su jurisdicción, asegurando que cada intervención respete los derechos de las personas propietarias y la legalidad de los procedimientos.
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