PLANTEAN REFORMA PARA GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ANTE CONTINGENCIAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Chilpancingo, Gro., 24 de mayo de 2024.- El diputado Hermelindo García Peñafor propuso reformar y adicionar las Leyes Orgánica de la Administración Pública y de Presupuesto y Disciplina Fiscal, ambas del Estado de Guerrero, a efecto de que se consideren recursos para programas y acciones para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, especialmente cuando enfrenten situaciones extraordinarias derivadas de la marginación, pobreza, fenómenos naturales o desplazamiento forzado.
En la iniciativa que analizan las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Presupuesto y Cuenta Pública, se menciona que con la reforma constitucional aprobada en el 2001 se reconoce la composición pluricultural de México, sustentada por sus pueblos originarios, su derecho a la libre determinación y la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica y política, así como para preservar y enriquecer todos aquellos elementos que constituyen su cultura e identidad.
Con estas modificaciones, el legislador plantea garantizar el respeto a la diversidad cultural, promover sus derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos originarios, reparar las injusticias históricas y fomentar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.
“Este reconocimiento no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino también un requisito fundamental para construir una sociedad inclusiva, plural y democrática”, subrayó.
Puntualizó que en Guerrero, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 691 mil 274 personas que se autoadscriben como indígenas y 303 mil 923 mil como afromexicanas, y en 27 municipios tienen entre el 60 y el 100 por ciento de la población.
Abundó que a pesar de los logros jurídicos, las personas indígenas y afromexicanos siguen enfrentando una cruel realidad, ya que las carencias que enfrentan en sus comunidades, en ocasiones, se vuelven cuestiones de vida o muerte, sobre todo en materia de educación y salud, lo cual choca con el marco jurídico, en la medida en que en ninguna ley prevé que existan recursos presupuestarios para atender las situaciones extraordinarias que se viven en las comunidades o que enfrentan las familias.
Por lo anterior, García Peñafor propone reformar las citadas leyes para establecer, de manera específica, la obligatoriedad de que existan recursos para atender las contingencias y necesidades más apremiantes que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas.