Chilpancingo, Gro., 27 de septiembre de 2026.- Para evitar el uso injustificado de personal de seguridad pública, pagos irregulares de remuneraciones o prestaciones, contrataciones por intereses de negocios, simulación de actos jurídicos y el incumplimiento de normas sobre fideicomisos, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero en materia de armonización de faltas administrativas graves.
Al fundamentar su propuesta desde tribuna, la legisladora por Movimiento Ciudadano explicó que la iniciativa busca homologar la legislación estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en apego al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que los Congresos locales deben replicar y adaptar el catálogo de faltas graves sin contradecir la normatividad federal, evitando vacíos legales e incertidumbre jurídica para las autoridades investigadoras y sancionadoras.
En materia de “cohecho”, la iniciativa plantea sancionar expresamente la omisión de devolver -en un plazo de 30 días naturales- los pagos recibidos en exceso; y en cuanto al “peculado” se precisa la prohibición formal de utilizar a personal de corporaciones policiacas, de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas para escolta personal sin justificación legal.
Respecto a la “desviación de recursos públicos”, se contemplan supuestos sobre la asignación de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, préstamos o liquidaciones sin sustento normativo; mientras que en el rubro de “abuso de funciones” se busca vincular las sanciones con conductas de violencia política en razón de género.
Lührs Cortés destacó la incorporación de la “simulación de un acto jurídico” como falta administrativa grave, cuando se utilicen terceras personas o identidades jurídicas para desviar recursos públicos en beneficio propio o de familiares hasta el cuarto grado, así como sanciones a la contratación indebida motivada por intereses de negocios y violaciones normativas en la operación de fideicomisos públicos.
“Contar con tipos administrativos claros no sólo brinda certeza legal a la función pública, sino que consolida la transparencia y la confianza en las instituciones del Estado”, apuntó.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen.
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