Chilpancingo, Gro., 24 de febrero de 2026.- La Comisión de Justicia, analiza una iniciativa presentada por el diputado Héctor Suárez Basurto, para adicionar la fracción IX al artículo 227 del Código Penal del Estado, para castigar de forma más concreta y específica a aquellas personas que roben a instituciones en cualquiera de sus niveles educativos, y las sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando se afecte infraestructura, equipamiento tecnológico, material didáctico, mobiliario escolar o bienes destinados al servicio educativo.
En la exposición de la iniciativa, el diputado recordó que en los últimos meses en Guerrero se ha registrado un incremento en el robo de fibra óptica, equipos de cómputo y materiales de uso básico pertenecientes a instituciones educativas públicas e informó que, durante el ciclo escolar 2024-2025, se han contabilizado más de 15 casos de robo en planteles, lo que ha provocado la suspensión de clases, la interrupción de servicios y afectaciones directas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Remarcó que el robo a escuelas públicas no puede considerarse un delito común, pues su impacto trasciende el daño patrimonial y afecta de manera colectiva a la comunidad escolar, vulnerando el interés superior de la niñez y el derecho a la educación, plasmado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideró lo que el Estado no solo debe garantizar el acceso a la educación, sino también las condiciones materiales, tecnológicas y de infraestructura necesarias para su pleno ejercicio, especialmente en favor de niñas, niños y adolescentes.
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