Chilpancingo, Gro., 29 de septiembre de 2026.- Con el objeto de lograr un modelo comunitario, intercultural y con enfoque de derechos humanos que garantice una atención integral y gratuita a quienes carecen de seguridad social, la diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta durante la sesión de este martes, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI indicó que la salud mental no es un lujo, ni un tema secundario, sino un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la justicia social, el desarrollo y la dignidad del pueblo.
Detalló que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, hoy en día más de 970 millones de personas viven con algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los más frecuentes, mismos que se agravaron por la pandemia de COVID-19.
Aseveró que en Guerrero la situación es aún más compleja, ya que la prevalencia de la depresión alcanza 62.16 casos por cada 100 mil habitantes, afectando principalmente a mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza.
Precisó que aunque esta tasa de suicidios es la más baja del país, ello no refleja ausencia de riesgo, sino la invisibilización del sufrimiento emocional y la falta de detección temprana.
“El estigma, la violencia, el desempleo y el rezago educativo configuran un entorno de alto riesgo psicosocial que exige respuestas inmediatas”, remarcó.
Vélez Núñez reiteró que la salud mental es inseparable de la salud física, de la cohesión social y del desarrollo económico, y en ese sentido, “no puede haber prosperidad en un estado donde las personas viven con dolor emocional, sin acompañamiento ni alternativas”.
Esta propuesta define las bases y modalidades para garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a los servicios de salud mental, estableciendo mecanismos de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social.
Asimismo, plantea la creación de una Red Estatal de Servicios de Salud Mental y Adicciones que articule hospitales, centros comunitarios y programas escolares; promueva la investigación, evaluación y rendición de cuentas, y asegure que las políticas públicas se basen en evidencia científica y en principios de justicia social.
INICIATIVAS
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de adiciones a la Ley 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero para garantizar el derecho de las juventudes a desenvolverse en entornos seguros y libres de violencia física, psicológica, de género, digital y simbólica, obligando a las autoridades estatales y municipales a implementar programas de educación para la paz, espacios seguros de participación y políticas públicas integrales. Fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa de reformas a distintas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de “amenazas”, con el objetivo de sancionar este delito independientemente del medio de comisión, para tipificar modalidades agravadas que atenten contra la seguridad o la recta administración de justicia, y exceptuar de la querella a los supuestos cometidos con armas, explosivos, delincuencia organizada e intimidación a intervinientes en procesos penales, estableciendo de manera armónica la persecución de oficio. Las diputadas Marisol Bazán Fernández y Claudia Sierra Pérez se adhirieron a la iniciativa. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley 464 de Educación del Estado de Guerrero para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en las instituciones de educación básica durante toda la jornada escolar -incluidos recreos-, garantizando su resguardo, con excepciones por razones pedagógicas, de salud o emergencia. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
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