Chilpancingo, Gro., 15 de marzo de 2026.– Con el propósito de establecer requisitos de elegibilidad de las personas titulares de dependencias y entidades de la administración pública, evitando que accedan a dichos cargos personas inhabilitadas, condenadas por delitos dolosos, por violencia familiar o política de género, o registradas como deudoras alimentarias morosas, se propone adicionar las fracciones V y VI al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. La diputada promovente, Gladys Cortés Genchi, presentó la iniciativa para incorporar estos requisitos, al considerar que la administración pública desempeña un papel fundamental en la organización y provisión de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y protección del medio ambiente. Subrayó que, además de ser el vínculo entre el gobierno y la población para la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar social y al desarrollo del estado, resulta indispensable que quienes encabecen las dependencias y entidades gubernamentales cuenten no sólo con capacidad profesional, sino también con una conducta ética intachable. Por ello, plantea incorporar como requisitos adicionales para ocupar cargos de titularidad en secretarías, dependencias y entidades paraestatales: no encontrarse inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos dolosos, particularmente aquellos relacionados con la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo psicosexual, la violencia familiar o la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, no estar inscrito como deudor alimentario moroso, a fin de garantizar que quienes ocupen posiciones de responsabilidad en gobierno estatal cumplan con principios de responsabilidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. La diputada puntualizó que la reforma busca fortalecer la integridad del servicio público en Guerrero, promover una administración más honesta y transparente, y contribuir a la construcción de una sociedad libre de violencia y corrupción, en la que el bienestar de las personas sea el eje central de la función pública.
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza la iniciativa para su debida dictaminación.
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